En el Complejo Judicial Norte, en Quito, se instaló el segundo día de la audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones y el israelí Sheinman Oren, quienes son acusados por el delito de delincuencia organizada ocurrido durante la pandemia por la comercialización irregular de pruebas para detectar el coronavirus o COVID-19.
Durante la primera jornada de la diligencia del caso, ubicado por la Fiscalía General como Pruebas COVID-19, la cual se dio el viernes, 11 de abril, la fiscal Lidia Sarabia presentó cinco testigos ante el Tribunal Penal de Juicio integrado por los jueces Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello.
La Fiscalía aseguró en su “alegato de apertura” que en esta etapa del proceso probará que existió un grupo organizado de más de dos personas que de forma reiterada y concertada, es decir, no de manera fortuita, sino más bien de una manera planeada, planificada y estructurada, han cometido delitos de más de cinco años, incluso con roles definidos.
En este segundo día de diligencia, este lunes, 14 de abril de 2025, la fiscal continuó con la presentación de su prueba.
En primer lugar, llamó como testigo al teniente coronel de la Policía Christian Marín, quien dialogó con Bryan Pérez, que había denunciado una estafa en la venta de 21.000 pruebas para detectar COVID-19 y por $ 65.000, hecho realizado por dos ciudadanos extranjeros con los alias de Tom y Tarzán.
Luego fue el turno del agente de la AMT Henry Oñate, quien dio a conocer el funcionamiento de la Unidad de Seguridad y Escolta Presidencial de la AMT, de la cual eran parte los ya sentenciados en este caso por procedimiento abreviado y el actual juzgado Leandro Berrones.
También intervino la perito Zayra Jaramillo, oficial que realizó el análisis de la información financiera de Jacobo Bucaram y otros procesados, datos que fueron facilitados por la UAFE, el SRI, armas de entidades bancarias privadas.
Tanto el expresidente Bucaram como su hijo Jacobo no asistieron personalmente a la diligencia en Quito. Esto se dio porque ambos recibieron la autorización del presidente de la Sala de Juicio para conectarse a través de Zoom, pues, por ejemplo, en el caso de Bucaram padre se comprobó que tiene problemas de salud, por lo que estaba conectado a un equipo de respiración y con cuidados médicos permanentes.
Con la prueba pericial, testimonial y documental por presentar dentro de la audiencia, Sarabia busca probar que para cometer las irregularidades investigadas existieron reuniones, concertaciones y relación telefónica; que la comisión de delitos se dio con el fin de obtener beneficios de orden material o económico, aprovechando el estado de excepción y adecuando su conducta a lo que establece y sanciona el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): delincuencia organizada.
Respecto al ámbito temporal en el que ocurrieron los hechos, la fiscal Sarabia sostuvo que han sido cometidos a partir del mes de marzo y hasta agosto de 2020 en las provincias de Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Santa Elena.
Para la Fiscalía, Sheinman Oren y Leandro Briones son autores directos del delito de delincuencia organizada, mientras que el expresidente y su hijo son autores directos por colaboración.
Adelantó la fiscal Sarabia que en esta audiencia probará la existencia de agravantes, como utilizar credenciales falsas (los falsos agentes de la DEA); utilizar indebidamente insignias, uniformes, denominaciones, agentes de la ANT para facilitar la comisión de las infracciones; aprovechar las condiciones de servidor público de la AMT; y aprovecharse de una calamidad pública por estado de emergencia mundial por el COVID-19 para cometer la infracción.