Jorge Palacios Alvear
La realidad del narcotráfico en Sudamérica es compleja y diversa. Si bien es cierto que Venezuela enfrenta serias acusaciones de operar bajo un régimen autoritario con vínculos con el narcotráfico conocido por muchos como un «narcoestado», los datos regionales revelan que no es el principal actor en la cadena global de producción y distribución de cocaína.
Según estimaciones, desde Venezuela se exportan entre 250 y 350 toneladas métricas de cocaína al año. Aunque esta cifra no es menor, palidece frente a la producción reportada en Colombia. En 2023, el país vecino produjo aproximadamente 2.600 toneladas de cocaína, y sigue concentrando más del 67% de los cultivos de coca del mundo, consolidándose como el mayor productor global de esta droga.
Más al sur, la situación en Ecuador ha adquirido una gravedad creciente. Se calcula que el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial transita por territorio ecuatoriano, convirtiendo al país en una de las principales plataformas logísticas del narcotráfico. Este fenómeno ha desatado una guerra entre al menos 22 grupos criminales, que luchan por el control de las rutas ilícitas y han establecido una gobernanza paralela que abarca también otros mercados ilegales, como el contrabando de oro.
Incluso zonas de alta protección ecológica, como las Islas Galápagos, han sido tocadas por esta crisis. Las autoridades han detectado una creciente utilización del archipiélago como paso para el envío de drogas hacia Estados Unidos, a través de lanchas rápidas («go fast») operadas por pescadores artesanales. En lo que va de 2024, apenas se han incautado 250 toneladas de cocaína, lo que sugiere que una parte significativa de la droga sigue circulando sin mayor control.
Ante este panorama, surge una interrogante legítima: ¿Por qué la presión internacional —especialmente de Estados Unidos— se concentra en Venezuela, cuando Ecuador se ha convertido en un verdadero centro neurálgico del narcotráfico mundial?
Las acciones como el bombardeo de lanchas en costas venezolanas parecen desproporcionadas si se comparan con la magnitud del tráfico que circula por Ecuador, donde el nivel de penetración del crimen organizado ya ha comprometido la estabilidad institucional del país.
¿Estamos enfocando los esfuerzos en el lugar correcto o se están mezclando intereses geopolíticos con la lucha contra el narcotráfico? La respuesta a esta pregunta es crucial para entender la estrategia regional y las verdaderas prioridades en la lucha contra las drogas en América Latina.