La comunidad rural que está cerca al paraje donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, construye la cárcel emblema de su “guerra” contra el crimen organizado, alista una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asegura que la prisión se levanta en un territorio ancestral para ellos y que las obras están causando impactos ambientales.
Comunidad de Ecuador llevará a la CIDH su batalla contra la cárcel emblema de Daniel Noboa
“Hemos agotado todas las instancias acá en el país, entonces nos vamos a las instancias internacionales”, dijo a EFE Carola Cabrera. Es una mujer huancavilca y habitante de la comuna Bajada de Chanduy, en la provincia costera de Santa Elena.
Los habitantes dicen que la prisión, que tratará de seguir a pequeña escala el “modelo” acuñado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se levanta sobre un terreno dentro del territorio de la comuna.
“Lo que han hecho es ignorarnos porque aseguran que no pertenece a Bajada de Chanduy, pero independientemente de lo que diga su documentación, que nosotros no la reconocemos, nuestros títulos ancestrales nos ubican allí”.
“Añadió que la comuna pasa un kilómetro más de esa cárcel que se está construyendo”.
Caso ante el Sistema Interamericano
Por esta razón, agregó, tenían derecho a una consulta previa, libre e informada. Se trata de un recurso que se aplica a los proyectos estatales que se realizan en territorios indígenas para obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes.
Sin embargo, todas las acciones que interpusieron ante la justicia para intentar frenar la construcción han sido rechazadas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la obra estará lista a finales de noviembre.
“Hay una indefensión porque el sistema de justicia le ha dado la espalda a las comunas ancestrales”, indicó a EFE Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil. Este experto los acompañará en su lucha ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Impacto ambiental y en la comunidad
Los habitantes también denuncian que la prisión, denominada por el Gobierno como la ‘Cárcel del Encuentro’, ya está causando impactos ambientales.
Cabrera afirmó que el río Las Negras, un caudal que pasa por sus comunidades y del que recogen agua para sembrar y vivir, está siendo contaminado por aguas negras.
“Es un río por el que corría agua cristalina. Ahora son aguas pestilentes, porque están lanzando al río las aguas residuales”, señaló la mujer.
Medida cautelar, último recurso en fuero nacional
Como uno de los últimos recursos nacionales, la comunidad presentará en los próximos días una medida cautelar para que se suspenda cualquier actividad que genere una contaminación sobre el río hasta que el daño sea reparado.
La comunidad también afirma que la prisión está en medio de un ecosistema de bosque seco tropical que está protegido. El Ministerio de Ambiente señaló que la zona no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni al Patrimonio Forestal Nacional.
Donald Cabrera, otro comunero, añadió que lo que busca el Gobierno con esa obra es “desplazar a las comunidades”. “Sabe que en el momento en que comience a funcionar esta cárcel todos aquellos familiares de estos presos de alta peligrosidad van a venir a amenazar a las comunas para quedarse con nuestros territorios”, indicó.