Por Jorge Palacios Alvear
Desde su independencia en 1830, Ecuador ha adoptado 20 Constituciones, hasta llegar a la vigente de 2008. Si comparamos con otros países latinoamericanos que lograron su independencia bajo el liderazgo de Simón Bolívar, vemos que Perú ha tenido 12 constituciones, Colombia 9, Bolivia 19, Panamá 4 y Venezuela 25. A pesar de los múltiples cambios constitucionales, ninguno de estos países ha logrado resolver los graves problemas sociales que persisten.
Por otro lado, Estados Unidos es un caso particular: su Constitución, que entró en vigor el 4 de marzo de 1789, sigue vigente, aunque con 27 enmiendas a lo largo de su historia. Este contraste pone en evidencia una realidad que muchos países latinoamericanos deben considerar: ¿es necesario reescribir la Constitución o es más eficiente reformarla mediante enmiendas?
En el caso de Ecuador, las enmiendas podrían ser una solución más pragmática y efectiva si se busca un cambio profundo en áreas específicas sin la necesidad de rehacer toda la estructura del país. No obstante, es crucial que cualquier cambio, ya sea constitucional o mediante enmiendas, dependa de una voluntad política real para ser transformado en un avance tangible. Si las estructuras de poder y la cultura de impunidad persisten, incluso las reformas más bien intencionadas podrían no generar el impacto deseado.
La Constitución de 2008 ha establecido avances notables, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el acceso a la salud y la educación como derechos fundamentales, y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Aunque la implementación de estos derechos ha sido desigual, el marco legal ya está en su lugar. Modificar la Constitución de forma puntual mediante enmiendas permitiría fortalecer estos logros sin perder lo que ya se ha ganado.
Un nuevo proceso constituyente, por su propia naturaleza, podría generar una gran polarización política. Ya hemos visto cómo los procesos de cambio constitucional en otros países de la región han desatado conflictos y divisiones internas. En un país con tantas tensiones políticas y sociales como Ecuador, un cambio constitucional podría abrir puertas a nuevos enfrentamientos y debates sin necesariamente resolver los problemas estructurales que originan esos conflictos.
Las enmiendas permitirían un enfoque más preciso y menos ambiguo. Por ejemplo, se podría reforzar el sistema judicial, la independencia de los poderes del Estado o mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Muchas veces, los problemas no están en el texto constitucional en sí, sino en su implementación. Por lo tanto, una reforma puntual puede ser más efectiva.
Un proceso constituyente podría generar un largo período de incertidumbre, involucrando a actores políticos, élites y a la sociedad en general en un proceso complejo. Esto podría desviar la atención de los problemas urgentes del país. Las enmiendas, al ser reformas más específicas, pueden implementarse de manera más rápida y ofrecer estabilidad política a corto y mediano plazo.
Es importante recordar que la Constitución de 2008 ya ha sido modificada en 24 ocasiones, incluyendo los de menor escala que no son formalmente ni reforma ni enmienda . Pero la más notable fue la reforma de 2015 que permitió la reelección indefinida, y que posteriormente fue revertida en 2018 para volver a permitirla solo una vez
Si se optara por enmendar la Constitución, algunas áreas clave que podrían revisarse incluyen:
Fortalecimiento de la lucha contra la corrupción: Establecer mecanismos más estrictos de rendición de cuentas y sanciones efectivas para los actos de corrupción, así como garantizar la independencia del poder judicial.
Descentralización real: Otorgar más poder a los gobiernos locales, para que las decisiones se tomen más cerca de las comunidades y combatir la concentración del poder político y económico.
Revisión de la estructura del Estado: Reformar las instituciones públicas para hacerlas más transparentes, eficientes y menos susceptibles a la interferencia política.
Fortalecimiento de los derechos laborales y sociales: Asegurar que los derechos de los trabajadores y las comunidades más vulnerables sean más efectivos y que existan mecanismos para garantizar su implementación.
Mejor distribución de la riqueza: Modificar la distribución de los recursos y el poder económico para fomentar una mayor equidad social.
Una nueva Constitución podría ser simplemente un “cambio de papel” si no se aborda un cambio real en las estructuras de poder y en la forma en que se gestionan los recursos y políticas. De hecho, muchos de los problemas que persisten en Ecuador, a pesar de la Constitución de 2008, tienen más que ver con la política y las instituciones, que con el texto en sí. No basta con una nueva Carta Magna que contenga principios nobles; lo fundamental es que exista una voluntad política real de cumplirla y hacerla efectiva.
Otro punto crucial es la corrupción, que sigue siendo uno de los problemas más persistentes en Ecuador. Esta problemática tiene raíces históricas profundas, que se remontan a la época colonial. Durante la colonia, el sistema se organizaba en torno a la explotación de los recursos naturales y humanos. El control del poder estaba concentrado en unas pocas élites, que utilizaban su posición para beneficiarse a costa de la mayoría.
Aunque Ecuador logró su independencia, las élites criollas que tomaron el poder tras la independencia no rompieron con las estructuras coloniales. A menudo, la lucha por la independencia fue más una disputa entre élites locales y coloniales por el control del poder, que una ruptura verdadera con las estructuras de opresión. Así, los mecanismos de corrupción y clientelismo se mantuvieron intactos a lo largo de los siglos XIX y XX, cuando el país vivió numerosos conflictos políticos, golpes de estado e inestabilidad. Estos factores favorecieron la concentración del poder en pocas manos, creando un sistema en el que la corrupción se convertía en una forma de garantizar el acceso a los recursos del Estado.
A lo largo de la historia, los cambios constitucionales han sido utilizados por las élites políticas para consolidar su poder, en lugar de promover reformas verdaderas que beneficien a la mayoría de la población. Este riesgo persiste hoy: al proponer un cambio constitucional en un contexto tan polarizado, existe el peligro de que los grupos políticos dominantes utilicen el proceso para moldear la Constitución a sus propios intereses, sin una verdadera representación de toda la sociedad.
La falta de inclusión podría significar que los sectores más vulnerables del país, como pueblos indígenas, trabajadores y comunidades marginalizadas, no tengan una representación efectiva en la redacción de la nueva Constitución. Esto podría resultar en un documento que no refleje las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo.
El tiempo es un factor determinante en este proceso. La lentitud de un cambio constitucional podría agravar los problemas existentes. Si las reformas no se implementan de manera rápida y efectiva, el país corre el riesgo de caer en una parálisis política y económica, quedando atrapado en la incertidumbre sin avances significativos.
Modificar la Constitución puede ser una herramienta poderosa, pero no es necesariamente la solución mágica a todos los problemas estructurales que enfrenta Ecuador. Los problemas más profundos de pobreza, desigualdad, racismo y concentración de poder no se solucionan únicamente con cambios en el marco legal. Estos son problemas históricos y estructurales, que requieren cambios en la cultura política, la economía y las relaciones sociales.
En resumen, una reforma constitucional puede ser un paso importante para redefinir el marco legal y político del país, pero debe acompañarse de un cambio real en las estructuras de poder.
La pregunta clave es: ¿Es hora de una nueva Constitución o es más prudente enmendar la actual para fortalecer los avances y corregir sus deficiencias?