La pugna entre el movimiento Unidad Popular (Lista 2) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) subió de tono este lunes, 30 de marzo de 2026. Tras la negativa del Pleno de aceptar un recurso de corrección, la dirigencia de la organización política cuestionó con dureza la legalidad de la sesión y ratificó que su personería jurídica sigue vigente, amparada en los plazos legales de descarga de pruebas.
Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, calificó la jornada como una “sesión con irregularidades”. El dirigente denunció que la decisión fue tomada con la participación de consejeros suplentes, por lo que exigió que cualquier resolución definitiva sobre el futuro del movimiento sea tratada exclusivamente por los consejeros principales en una próxima reunión del Pleno.
‘No existe cancelación’: la defensa técnica
Frente a la incertidumbre generada por la resolución administrativa, Atarihuana fue enfático al señalar que el trámite aún se encuentra en una etapa de verificación. “No existe cancelación, sigue el proceso de prueba. Unidad Popular presentará dentro de los 10 días nuestra base de datos con 206 000 afiliados y nuestros argumentos jurídicos”, sostuvo el dirigente.
Esta cifra de adherentes es la pieza clave de la defensa de la Lista 2, ya que busca contrastar y anular el informe técnico del CNE que le atribuía apenas 31 000 afiliados. Según la normativa electoral, las organizaciones políticas cuentan con un periodo de 10 días para presentar las pruebas de descargo antes de que el organismo emita un fallo definitivo sobre su extinción o permanencia en el registro electoral.
Movilización hacia Quito para el 1 de abril
En paralelo a la estrategia jurídica, Unidad Popular ha decidido trasladar la disputa al escenario social. La organización ratificó la convocatoria a una “Marcha Nacional sobre Quito” para este miércoles, 1 de abril de 2026. El objetivo de la caminata es denunciar lo que consideran decisiones arbitrarias y defender la participación política de su militancia ante lo que califican como un intento de proscripción.
“Insistimos que los consejeros principales deben ser quienes deben resolver”, reiteró Atarihuana, haciendo un llamado a la vigilancia ciudadana sobre el actuar del ente rector del sufragio. Se espera que delegaciones de varias provincias lleguen a la capital a mediados de semana, lo que activará operativos de control en el casco central de Quito para garantizar el orden público durante las protestas.