Para levantar la inmunidad que por ser vicepresidenta de la República tiene Verónica Abad y dar paso a su vinculación al caso Nene por el presunto delito de concusión, la Fiscalía General del Estado (FGE) necesita la autorización de la Asamblea Nacional, que debe ser solicitada por la Corte Nacional de Justicia.
La CNJ tiene que pedir a la Asamblea la autorización para seguir con el proceso penal y esto se logra con el voto de las dos terceras partes, es decir, 92 voluntades.
En estos momentos, los 92 votos serían un número difícil de lograr debido a la creciente tensión entre el Legislativo y Ejecutivo, ya que al vincular a la segunda mandataria esto la alejaría de ser quien ocupe la Presidencia de la República cuando el mandatario Daniel Noboa pida licencia para buscar un nuevo mandato en las elecciones de febrero de 2025.
Para lograr los votos, la bancada de la Revolución Ciudadana con sus 48 legisladores será clave. Sin sus votos, solo suman 89 el resto de legisladores, en un escenario en el que todos apoyen la vinculación de Abad.
Verónica Abad debe rendir su versión este 13 de junio
Ahora que la fiscal general, Diana Salazar, asumió la dirección de la investigación, la funcionaria dispuso que la vicepresidenta Abad y Daniel Lenín R. P. rindan su versión el 13 de junio próximo a las 09:00 y 10:00, respectivamente, por vía telemática, en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel. Para el cumplimiento de lo señalado se remitió un memorando a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.
El caso Nene se enmarca en la investigación del delito de oferta de tráfico de influencias que involucra a Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Abad. Un audio confirmaría la versión del denunciante ante la Fiscalía, Rommel P., de que le pedían dinero a cambio de un cargo público
Los 90 días iniciales de la fase de instrucción fiscal se cerraban el 20 de junio próximo, pero una vez que se confirmen las vinculaciones, el caso se extenderá 30 días.
¿Qué sigue si Verónica Abad es procesada?
En un escenario en el que la Asamblea Nacional autorice que se siga el proceso contra Abad, dependerá de qué medida se dicte en su contra al momento de vincularla y formularle cargos. Si se trata de una orden de prisión preventiva, daría pie a que se configure “una ausencia temporal” que le quitaría la vicepresidencia si se vuelve una ausencia definitiva. No aplicaría si se le termina dictando otra medida, como presentación periódica o alguna prohibición.
Si recibe una orden de prisión preventiva Abad, pasa a incurrir en una ausencia y estas están reguladas en la Constitución en el artículo 146.
En el artículo 146 se establece que se considerará ausencia temporal de un presidente o vicepresidente cuando por “enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor esté impedido de ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses”. Muñoz comenta que si se pasa de este tiempo, automáticamente se convierte en una ausencia definitiva.
En caso de que se configure una ausencia temporal, de inmediato el Ejecutivo debe designar a una persona para que ocupe el cargo por ese lapso de tiempo y que puede ser un ministro de Estado, según el artículo 150 de la Constitución.
Si la ausencia se pasa de los tres meses, Abad ya dejaría de ser la vicepresidenta y correspondería enviar una terna desde el Ejecutivo al Legislativo para elegir a su reemplazo.
Un escenario similar ya sucedió con el exvicepresidente Jorge Glas cuando estaba en funciones en el gobierno de Lenín Moreno y fue a la cárcel en octubre de 2017. Al inicio se le encargó la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña.
Vicuña era la titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando recibió el encargo a través del Decreto Ejecutivo 176 suscrito por Moreno dos días después de que se ejecutara una orden de prisión preventiva en contra de Glas por el caso Odebrecht. Luego fue parte de la terna que envió el entonces mandatario al Parlamento y se oficializó en el cargo hasta que renunció en medio de acusaciones de presunta corrupción.