El asesinato de María Daniela Icaza, la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, ha conmocionado a la ciudadanía, pues pese al riesgo del cargo que ejercía, la mujer no contaba con custodia y se trasladaba hasta su vivienda con un compañero en un auto particular cuando fue atacada a tiros la tarde del jueves 12 de septiembre, en la vía a Daule.
Así lo confirmaron la Policía y la familia de la fallecida, que llegó temprano a la morgue para realizar el trámite de retiro del cadáver, este viernes 13.
“Solo quiero puntualizar algo, mi hermana no venía con custodia (porque no tenía), iba con la persona que a veces le hacía de expreso, ojo. Salió de la morgue del hospital hoy (jueves) a las 23:00, nunca llegó un fiscal, menos la Dinased y hasta ahora nadie nos dice nada, gracias”, expresó durante la madrugada en su cuenta en X (antes Twitter) Víctor Andrés, hermano de la funcionaria, quien desde 2017 era parte del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y deja dos hijos en la orfandad.
“Sabemos que la fallecida era la coordinadora de la cárcel y la mano derecha de la directora en funciones del recinto penitenciario. Además, Byron O., funcionario que resultó herido en el brazo, trabaja en el monitoreo de cámaras”, señaló el mayor Gino Zanzzi, jefe encargado del distrito Pascuales.
Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha identificado a Icaza como la directora encargada del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 1.
Dicha función, incluso, consta en la credencial de la ahora occisa, cuya fotografía se difundió ayer, pero ella no tenía seguridad.
Este Diario consultó con abogados sobre los protocolos del SNAI para sus funcionarios en el marco de las muertes no solo de María Daniela Icaza, sino también del director de la cárcel de Sucumbíos, Álex Guevara, quien murió el 3 de septiembre.
El 31 de agosto, además, se dio el asesinato de dos agentes de control penitenciario afuera de la cárcel Regional, en Guayaquil.
El abogado Kléber Carrión, quien también fundó hace 22 años la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía, considera que el Estado es indolente al no cuidar a los gestores que están cumpliendo labores peligrosas en medio del conflicto armado interno que fue declarado en Ecuador en enero pasado.
El jurista señaló que dentro de estos gestores hay quienes están armados como los generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que tienen un círculo de seguridad y que no están tan expuestos a las bandas y a sus miembros como los funcionarios de las prisiones.
“A un director de las fuerzas del orden se lo ve armado y con un círculo de seguridad, en cambio el director de una cárcel no está armado ni de un matamoscas, para ridiculizar, y tiene que cumplir sus actividades personales y propias de la función sin custodia”, comentó el policía en servicio pasivo que ahora ejerce en los tribunales como abogado en el libre ejercicio.
De estos protocolos también habló el abogado penalista Julio César Cueva, quien considera que “no hay protocolos en el SNAI, y si los hay son un chiste”.
Él propuso que los funcionarios de las cárceles no acudan a trabajar por sus propios medios. Habló de directores, guías y gente del área administrativa, de todo el personal.
Opinó que se podría habilitar un bus blindado y que, por ejemplo, del Fuerte Huancavilca o del Cuartel Modelo podrían salir a diario los trabajadores de las cinco cárceles que hay en el recinto penitenciario de Guayaquil.
“Que ahí se establezca un lugar donde se pueden poner el uniforme y no salgan a las calles expuestos. También instalar un comedor interno para que no tenga que cruzar la vía a Daule para almorzar”, sostuvo el abogado que dijo que solo así se evitaría que las bandas sepan quién es, en qué carro va, dónde vive y dónde está la familia del funcionario al que quieren acceder.
Él cree que el Estado no gastaría mucho en blindar un bus y establecer dos carros de custodia para este fin y comentó que si no se hace algo pronto, la muertes de los funcionarios seguirá y solo será cuestión de tiempo, aunque aparentemente las cárceles están controladas por las Fuerzas Armadas.
A criterio de Kléber Carrión también hay que analizar las leyes actuales. Él destacó que desde hace dos años fue aprobada la Ley de Uso de la Fuerza que determina que los agentes de seguridad penitenciaria deben estar armados, pero no hay un solo agente que se haya armado.
“Las leyes definitivamente no se adaptan. De qué sirven si al final del día no se materializan”, insistió el también experto en seguridad.