Ricardo Rivas es hermano del fotógrafo Paúl Rivas, quien fue secuestrado y asesinado en 2018 por alias Guacho, del Frente Oliver Sinisterra, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Desde este año preside el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico creado en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación del 2022.
Rivas habla sobre la situación de seguridad de los comunicadores a propósito de la conmemoración, este 2 de noviembre, del Día de la No Impunidad para los crímenes de periodistas, instaurado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial.
¿Qué significa este día para Ecuador y el mundo?
Es un recordatorio de que todavía existe impunidad a la violencia que se ha generado al sector periodístico y comunicacional. Desde el 2005 aproximadamente hubo asesinatos que ocurrieron esporádicamente y en el 2018 se genera el secuestro y asesinato de los tres periodistas de diario El Comercio. Luego de ese año en nuestro país se incrementan mayoritariamente la violencia hacia los periodistas. Han existido exilios y sobre todo también asesinatos a periodistas. Entonces refleja una impunidad y eso es lo que nos llama la atención como país.
¿Y desde el Estado cómo se entiende esta situación?
La violencia ha crecido y se ha ido estigmatizando la labor del periodista desde gobiernos anteriores. Vemos que desde el Estado se trata al sector periodístico como una amenaza.
Frente a este panorama, ¿qué ha hecho el Estado?
En el 2022 se dan las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y el Gobierno (de Guillermo Lasso) crea un mecanismo de protección. Este mecanismo empieza a funcionar en noviembre pasado, donde se eligen por primera vez a un delegado del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Riesgos, del Ministerio de la Mujer, de Derechos Humanos y dos delegados de sociedad civil.
¿Este organismo cuenta con un apoyo económico de parte del Estado?
Se hizo un presupuesto y fue enviado para la aprobación respectiva. El valor estuvo alrededor de $ 750.000, pero en mayo de este año, después de algunas cartas, se niega el presupuesto al mecanismo de protección por parte del Ministerio de Finanzas.
¿Y sin el presupuesto estatal cómo se solventa esta iniciativa?
Nosotros estamos en la construcción de algunos proyectos para poder tocar puertas a organismos internacionales. Tuvimos la ayuda de la Unesco (Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura) como tal para que la acción tenga una pequeña cosa que hicimos con periodistas relacionados a talleres.
¿Qué tipo de talleres?
La Policía Nacional y el Ejército Nacional nos apoyaron para capacitar a periodistas en temas de frontera y de peligrosidad. También tuvimos charlas sobre libertad de expresión. Hemos trabajado en algunos protocolos sobre el periodismo. Entonces hemos hecho cosas que que, entre comillas, no me encantan, pero pudimos salir. Hemos levantado alertas, por ejemplo, de que 17 periodistas salieron del país. Hemos hecho gestiones con la Cancillería para apoyarles en lo que requieran.
Con el presupuesto que ustedes establecieron, ¿cuáles son los proyectos?
Primero iniciar un estudio para saber cuántos periodistas y comunicadores hay en el país. Hasta ahora no se conoce cuántos profesionales hay en Ecuador. Hay proyectos para más capacitaciones y sobre todo para generar políticas de protección reales para periodistas no solo de Quito sino para personas que ejercen la profesión en zonas de alta vulnerabilidad y de riesgo.
¿Y entonces cómo opera el mecanismo sin estos recursos?
Hay que darse los modos. Eso no quita que el mecanismo funcione sin recursos. Ahora mismo está funcionando, pero sí necesitamos apoyo del Estado. El Gobierno sí necesita regresar a ver por los casos que se están dando y que están latentes. Sino cómo operamos si estamos con un presidente sin sueldo, dos funcionarios prestaditos, que por más que tengan toda la voluntad, no funciona. Así no se hacen las cosas.
¿Y el mecanismo de protección tiene cobertura nacional?
No. La idea es que nos traslademos a las zonas más vulnerables. Ahora mismo la cobertura es a nivel local de Quito. No sabemos lo que ocurre en la Amazonía, en el Austro del país. Galápagos ni se diga, no sabemos qué ocurre. Manabí y Guayaquil lo mismo. Entonces es fundamental conocer la realidad de lo que viven los periodistas en esas zonas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho algunas observaciones a la falta de apoyo al mecanismo de protección, ¿qué se espera de eso?
Se cumplió el plazo para que Ecuador envíe una respuesta por escrito a algunas observaciones del organismo internacional. Entre esas están, por ejemplo, que se esclarezca cuál ha sido el proceso legal y cuál es la situación legal de las investigaciones de los tres periodistas asesinados en el 2018 y de otros del 2022. En el tema del presupuesto en su momento deberán pronunciarse. El relator de la CIDH tiene previsto venir a nuestro país el 18 y 19 de noviembre. Tendrá dos días para que el Estado explique sus acciones.