Danilo Carrera, excuñado del expresidente Guillermo Lasso, enfrentó acusaciones como líder principal en el caso Encuentro. Según la Fiscalía, este caso revela una supuesta estructura delictiva que buscaba obtener beneficios económicos mediante actos ilícitos en instituciones públicas.
La defensa del empresario insistió en que no existen pruebas que lo vinculen directamente con estos actos, calificando las acusaciones como infundadas.
El proceso judicial incluyó a siete personas, pero solo Danilo Carrera y Antonio Icaza comparecieron ante la justicia, mientras los demás se mantienen prófugos. La Fiscalía sostiene que esta red habría operado de manera organizada para influir en entidades estatales como CNEL EP y BanEcuador.
Carrera participó en el juicio de manera virtual debido a las medidas de arresto domiciliario dictadas en su contra. La fiscal Luzmila Lluglla presentó a 89 testigos como parte de las pruebas que respaldan la teoría del caso.
Los alegatos y los testimonios clave del caso
Durante las audiencias, la Fiscalía presentó su teoría, sustentada en peritajes, testimonios y grabaciones que presuntamente evidencian la planificación delictiva. Entre los elementos destacados, las cámaras de seguridad en la casa de Nain M., otro implicado, habrían captado reuniones clave entre los involucrados.
Antonio Icaza, quien también enfrenta juicio, fue gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Su rol en la presunta organización habría sido clave para facilitar el direccionamiento de contratos.
Juicio suspendido para los procesados prófugos y sentencias
La situación de los procesados que no han comparecido ante la justicia ha complicado el desarrollo total del juicio. Hernán L., expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), permanece en Argentina y su caso no avanza debido a disposiciones del Código Integral Penal (COIP).
Danilo Carrera fue condenado a 10 años de prisión como autor directo del delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro. Junto a él, Antonio Icaza, exgerente de CNEL, recibió una pena de 9 años y 4 meses de cárcel. Además, deberán pagar una reparación integral de 682 188 dólares cada uno.
El juez especificó que, a pesar de sus 83 años, la sentencia deberá cumplirse en un centro de privación de libertad, y que el tiempo transcurrido en arresto domiciliario será descontado de la condena.