Doce días después de la publicación de los resultados de la consulta popular y referéndum en el Registro Oficial, la Asamblea Nacional prevé conformar una comisión especial que dé inicio al trámite de los cinco proyectos de ley enviados por el Gobierno nacional para cumplir el pronunciamiento ciudadano del 21 de abril.

Para este martes, 21 de mayo de 2024, a un mes de que los ecuatorianos acudieron a las urnas, el presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, convocó a las 09:00 a la sesión 927 para resolver sobre la creación de una comisión especializada ocasional que tramite los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, para dar cumplimiento a los resultados de la consulta y referéndum que se votó el 21 de abril.

Como resultados de los diálogos preliminares, esta comisión especializada se formaría con cinco asambleístas en representación de las diferentes bancadas legislativas. Entre ellos, Carlos Vera Mora por el Partido Social Cristiano (PSC), Valentina Centeno (Acción Democrática Nacional – ADN), Lucía Posso (Independientes-ADN), Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana (RC) y Alexandra Castillo del movimiento Construye.

Ellos prepararán los informes para primero y segundo debate para el pleno de las cinco propuestas normativas que envió el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley reformatoria a la Ley de Extinción de Dominio, y así aplicar lo ofrecido en las preguntas de plebiscito enfocadas en reducir la criminalidad.

El Ejecutivo remitió los textos dentro de los cinco días posteriores a la publicación de los resultados oficiales, es decir, el 13 de mayo.

En tanto, la Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de 60 días para debatirlos y aprobarlos en su seno y siguiendo sus procedimientos internos.
Los cambios legales planteados al COIP se refieren a incrementar las penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.

Así también, que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de las penas en el interior de los centros de rehabilitación; que se tipifique como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas del orden; y destinar las armas, explosivos y otros usados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.

En cuanto a la Ley de Extinción de Dominio, Noboa ofrece reducir los plazos entre 30 días y 60 días las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de bienes de origen ilícito.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *