A través de un comunicado emitido por la Asamblea Nacional este viernes 19 de julio de 2024, mencionó que la Presidencia de la República comete una inconstitucionalidad.
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes del IESS y BIESS. El Presidente de la República vetó parcialmente este proyecto por inconstitucionalidad el 12 de abril de 2024.
Posteriormente, el 21 de mayo de 2024, la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente a la Asamblea Nacional, otorgándole un plazo de 30 días para su tratamiento.
El 21 de junio de 2024, la Asamblea Nacional envió el texto final del proyecto al Ejecutivo para su sanción y publicación en el Registro Oficial, conforme a los artículos 139 y 147, numeral 12, de la Constitución de la República.
Sin embargo, la Presidencia de la República, en un acto calificado de inconstitucional, reconoció en el texto enviado la obligación de sancionar y publicar la ley, pero no lo hizo. En su lugar, envió una nueva objeción al proyecto, transgrediendo flagrantemente los mencionados artículos constitucionales y asumiendo funciones no correspondientes.
La Asamblea Nacional, ante este atropello a la Constitución, denunció este acto de la Presidencia como inconstitucional y destacó que el Ejecutivo debe cumplir con la sanción y publicación de la ley en el Registro Oficial.
La Asamblea exige al Presidente de la República respetar los procedimientos constitucionales y abstenerse de asumir competencias que no le corresponden.
Respuesta de la Presidencia a la Asamblea Nacional
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado oficial en respuesta a la Asamblea Nacional.
En el comunicado, la Presidencia afirma haber actuado con responsabilidad y respeto a la Constitución al enviar nuevamente una objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El presidente Daniel Noboa Azín justificó esta nueva objeción al señalar que, aunque la Asamblea Nacional corrigió el texto del proyecto, este aún contiene inconstitucionalidades.
Según el comunicado, el nuevo texto presenta una inconstitucionalidad en el artículo 7, que contraviene la Constitución y atentaría contra el derecho a la seguridad jurídica, además de generar un riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
También se identificó un error en el artículo 9 que provocaría una antinomia jurídica, resultando inconveniente.
El Presidente argumentó que estas acciones buscan garantizar que la ley, una vez en vigencia, cumpla con toda la rigurosidad normativa correspondiente y no contravenga la Constitución ni los derechos fundamentales.