La medición de fuerzas entre el presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, Verónica Abad, tendrá un nuevo capítulo en las próximas semanas. El tiempo apremia y el distanciamiento es profundo. Hay un nuevo escenario. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite, en los últimos días, el proceso por presuntos delitos electorales de Abad. Esto por su participación en las elecciones seccionales de febrero del año pasado cuando era candidata a la Alcaldía de Cuenca.
¿Quién impulsa la acción? La denuncia fue ingresada en junio pasado por el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. El presunto delito electoral consistió en hacer campaña fuera del tiempo permitido. Es un segundo intento en el TCE. El juez Fernando Muñoz, del TCE, archivó la primera demanda, pero ahora hay otro intento. Abad calificó de ridícula la causa emprendida por Guarderas. Sin embargo, el Contencioso avanza y hay luces.
El TCE anunció, a través de un comunicado, que la audiencia oral única de pruebas y alegatos en este caso se efectuará el próximo 15 de agosto, a las 10:30. En la redacción hay una particularidad tomando en cuenta que Abad fue nombrada como Embajadora en Israel y vive allá con sus dos hijos.
El TCE puntualizó que la audiencia será en el auditorio, en Quito. Allí, según el escrito, se argumenta que: “si la denunciada no comparece en el día y hora señalado, y no justificare su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo en rebeldía y su defensa la asumirá un defensor público”.
La vicepresidenta Abad confirmó en dos entrevistas que hasta el viernes no recibía la notificación oficial. Pero en su versión también contó que hasta el momento no ha logrado tramitar sus vacaciones. Aunque precisó que busca días libres para atender temas personales y de salud aún no ha precisado sí vendrá a la audiencia. Desde que comenzó el Gobierno de Noboa, Abad no ha podido regresar y la última vez que tuvieron cercanía fue en el inicio de la segunda vuelta electoral. Abad le contó a EFE que su pedido de vacaciones ha dado vueltas por Cancillería, Ministerios y la Vicepresidencia sin tener respuestas.
“¡No pueden hacer que no llegue a defenderme!”, le dijo a EFE la funcionaria de 47 años. Prefiere ser cauta hasta ver qué ocurre. Roberto Arias, constitucionalista, advierte que Abad puede perder los derechos políticos y eso activaría de inmediato el instrumento legal para que no pueda ejercer ningún cargo público. “Puede defenderse y presentar sus descargos, pero sí no se presenta y el Defensor Público actúa no podrá decir mucho”, advierte Arias.
Este nuevo episodio será clave en el ámbito político. Una vez que Noboa anunció su intención de buscar la reelección la disputa ha sido tensa. La Constitución establece que en ausencia temporal del jefe de Estado se deben delegar las funciones en el vicepresidente, pero desde el Gobierno hay una resistencia a dar ese paso.
Otro momento de medición entre ambos actores fue en junio pasado cuando la Asamblea Nacional negó levantar la inmunidad a Abad para que la Fiscalía la investigue por un posible delito de concusión dentro de un caso de corrupción en el que está involucrado su hijo. Ella ha considerado todos los eventos como un acto de presión política.
¿Qué pasa en la Vicepresidencia?
En las oficinas de la Vicepresidencia en Quito hubo algunos cambios después que Verónica Abad se fue a Tel Aviv. Algunos funcionarios de carrera fueron reubicados en otras dependencias y hubo una reducción de personal. Desde el Gobierno prefieren el hermetismo sobre los detalles numéricos en cuanto a funcionarios. Sin embargo,se detalla que muchos de los funcionarios públicos han pasado a trabajar en trámites necesarios de la Vicepresidencia con la Cancillería como fuente de contacto con Abad.
Por ejemplo, hay abogados que trabajan en la redacción de documentos legales sobre los acuerdos que ha logrado la vicepresidenta como parte de su gestión.