La realidad que se vive en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, puede replicarse. La minería ilegal se volvió un imán para las agrupaciones delictivas.
Expertos analizan las condiciones comunes en más de un sitio del país. Hay alarmas que tomar en cuenta y acciones urgentes.
Ponce Enríquez no es el único lugar en riesgo
La minería ilegal, en asociación a las mafias del narcotráfico, está creciendo. Wilson Goyes, experto en seguridad, da cuenta de que esta actividad, cada vez, recibe más dinero para su infraestructura.
Goyes destaca que, con esos antecedentes, el Gobierno ha considerado a la minería ilegal como amenaza a la seguridad nacional. De ahí que, la minería irregular no solo representa un riesgo ambiental, sino una proyección a la ilegalidad para el lavado de dinero.
Es así como o hay falta de control de las actividades mineras o las autoridades han sido cooptadas por los grupos de delincuencia organizada. Se suma la presencia de disidentes de las FARC que, ahora, actúan como “fuerza de choque y seguridad de los mineros ilegales”.
En julio de 2024, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para concretar los resultados de la consulta popular realizada el 21 de abril del mismo año.
Sobre minería ilegal, el Legislativo dio paso al cambio: las penas eran de 5 a 7 años y subieron de 16 a 20.
Investigaciones en territorio
Katherine Herrera, experta en seguridad pública del Estado, ha realizado investigaciones en varios puntos aquejados por la inseguridad.
Empezando por la frontera norte, en Esmeraldas, aunque la incidencia delincuencial ha registrado una disminución, no hay que perder de vista a sitios como Selva Alegre, San José, La Comuna Río Santiago, El Placer, entre otros. En esa zona, ya hay antecedentes de injerencia de grupos delictivos.
En Carchi, en cambio, las miradas deben volver a Chical, El Cielito, Montevideo y Tobar Donoso. Herrera centra su atención en este último punto, debido a que, al igual que en Esmeraldas, ha sido tocado por disidentes de las FARC. Ellos buscarían implementar una operación a gran escala.
En Imbabura, del 2017 al 2019 y luego en 2021, en la parroquia Buenos Aires se identificaron operaciones ilícitas y que el lugar estuvo tomado por estructuras criminales. Al igual que ocurre en Ponce Enríquez, se encontraron adolescentes trabajando en minería.
En Buenos Aires, recuerda Herrera, ya se evidenció parte de lo que ocurre en el cantón de Azuay. Enfatiza que no hay que perder de vista a esta parroquia, más tomando en cuenta la ubicación estratégica del lugar, que tiene acceso rápido a la frontera norte y a la Amazonía.
Falta de fuentes de empleo y, a la par, explotación laboral a, por ejemplo, personas en movilidad humana.
Policía realizó labores en Buenos Aires
Apenas el pasado jueves, 15 de agosto de 2024, en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí, la Policía llegó a El Cristal y Mina Vieja.
En los lugares encontraron gran cantidad de material mineralizado, así como cambuches, explosivos, entre otros materiales y herramientas.
En El Cristal, los uniformados hallaron 800 bultos de material mineralizado, siete cilindros amalgamadores, nueve generadores eléctricos y 10 piscinas de sedimentación.
También hallaron ocho tanques de sedimentación, cuatro cambuches, 50 canecas de combustible, 15 canecas de precursores químicos y un secador de material mineralizado.
En el sector de Mina Vieja, los efectivos encontraron 800 sacos, 10 canecas de combustible, tres generadores, cuatro tacos de dinamita, 31 cápsulas detonantes y ocho metros de cordón detonante.
Otros destinos para poner atención
En Cotopaxi, El Boliche y Macuchi son dos destinos que también requieren atención. Aunque aún no se registra presencia de organizaciones delictivas, si el olvido del Estado se replica y no hay un manejo responsable con la comunidad.
Más allá de prohibir la actividad minera en esa zona, la Experta habla de capacitaciones para generar una economía propia y no permitir que un actor ilegítimo se tome el territorio.
Goyes, por su parte, describe que las provincias más afectadas en la Amazonía son Zamora Chinchipe, Napo, Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos.
En esos sitios refiere extensiones de más de 1000 hectáreas de afectación en cada provincia por el impacto de la minería aluvial, que lo realizan con retroexcavadoras a las riberas de los ríos.
“Lo más alarmante es que al menos el 46 % de la actividad minera ilegal afecta hoy a territorios indígenas”.
La minería en los ríos Punino, Yutzupino, Jatunyacu, Arosemena Tola y en el Ahuano, en Napo, se ha multiplicado. El Catedrático apunta a que se estima que al menos el 90 % de la actividad es ilegal.
Amazonía y el riesgo latente
Los expertos hablan de una preocupación latente en Orellana, entre los ríos Punino y Sardina. Este punto es un potenciador para un nuevo Buenos Aires o Camilo Ponce Enríquez. Por eso, dice Herrera, la importancia de las acciones desde el Estado.
Lo propio ocurre con Pastaza, en la confluencia de los ríos del mismo nombre y Alpayacu. La falta de empleo, apunta Herrera, es una debilidad para que la comunidad trabaje para los grupos de delincuencia organizada.
Relación entre minería ilegal y organizaciones delictivas
El experto en Riesgos define que el accionar de la minería ilegal ha ido en aumento debido a que deja réditos y, asociada al crimen organizado, tiene libertad de acción.
Las personas dedicadas a la actividad operan día y noche en sitios remotos y agrestes, “en una suerte de cadena delictiva que va sembrando miedo y terror por donde extienden sus tentáculos”.
Desde el 2017, hay indicios de la variación en la dinámica del crimen organizado. En sus investigaciones, Herrera ha identificado que la minería ilegal y la trata de personas eran propias de organizaciones en otros países, como México y Perú. Esto no quiere decir que no haya existido en menor grado.
Los antecedentes de la violencia
La matanza en centros de rehabilitación fue una de las alertas de los remezones en las organizaciones delincuenciales. Los grupos comenzaron a dividirse y a pelear por el territorio. Actualmente, se puede hablar de, al menos, una veintena.
La competencia también generó la incursión en otros delitos, como los secuestros, las extorsiones y otros con más réditos, como la minería ilegal. Además, se empieza a evidenciar la presencia de mafias externas.
En el caso de la minería en Ecuador, el Catedrático deja claro que tiene un potencial a futuro. Esto, explica Goyes, siempre que se desarrolle en el marco legal, con responsabilidad ambiental, social y sostenible en el largo plazo.