La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite dos de tres demandas contra la Ley de Solidaridad contra la economía criminal este viernes 4 de julio de 2025. Esta normativa fue la primera norma presentada con el carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, en su nuevo período presidencial.
Corte Constitucional admitió a trámite dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad
Los tribunales de Admisión de la Corte Constitucional (CC) conocieron tres demandas públicas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
La normativa fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 56 del 10 de junio de 2025.
La Corte admitió a trámite las causas 50-25-IN y 51-25-IN, al cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El juez Alí Lozada se encargará de la sustanciación.
En tanto, la Corte inadmitió la causa 49-25-IN por no cumplir con el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Sin medidas cautelares
La Corte aclaró que no se otorgaron medidas cautelares porque los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con los requisitos de ley.
Esto quiere decir que la Ley de Solidaridad continuará en vigencia mientras la Corte Constitucional analiza si es o no inconstitucional.
Trámite
El constitucionalista José Chalco explicó que las demandas admitidas se acumulan en una sola causa.
La Asamblea tiene 15 días para defender tesis.
Puntos polémicos de la Ley de Solidaridad contra la economía criminal
La Ley de Solidaridad Nacional tiene el objetivo de combatir las economías criminales.
Propone que las empresas privadas donen equipamiento a la Policía y las Fuerzas Armadas a cambio de la reducción de impuestos.
Además, contempla un indulto diferido para policías y militares.
Este indulto también aplica para funcionarios en cumplimiento de operaciones de seguridad; una persona con enfermedades raras o catastróficas y cuando exista colaboración con la justicia.
Incrementa las condenas para quienes sean parte de grupos armados organizados.
Autoriza allanamientos, en el contexto del conflicto armado interno, sin previa autorización judicial; aunque sujetos al control posterior de un juez.
Establece tres compensaciones económicas anuales para pequeños y medianos productores y actores de la economía solidaria, que pueden ser fijadas vía decretos ejecutivos.
Sobre las penas, la Ley de Solidaridad tipifica como delito pertenecer directa o indirectamente a un Grupo Armado Organizado (GAO) e impone una pena de 22 a 26 años de prisión.
Para las personas que dirijan un GAO, la prisión irán de 26 a 30 años.