El Pleno Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió a otro juez por supuesto acoso sexual, este miércoles 23 de julio de 2025. El primer juez suspendido por una acusación de este tipo fue David Jacho, magistrado de la Corte Nacional de Justicia.
Segundo juez suspendido por supuesto acoso sexual
El Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió en sus funciones al juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone, provincia de Manabí, F.H.A.Z., por presunto acoso sexual laboral contra una servidora judicial.
La medida durará tres meses, en los que el Juez no recibirá sueldo.
Además, el presidente del CJ, Mario Godoy, señaló que ha dispuesto la activación del protocolo de atención a víctimas, para la denunciante.
La denuncia
El 18 de julio de 2025, una funcionaria presentó la denuncia formal y señaló que el juzgador le envió, a través de WhatsApp, un video de contenido sexual explícito.
El video estaba acompañado de expresiones ofensivas y misóginas.
La denunciante también indicó que, al reclamar al juez por su comportamiento, recibió comentarios intimidatorios.
Según el testimonio, este material habría sido difundido a otros funcionarios del Complejo Judicial de Chone, afectando gravemente su integridad personal y profesional.
La base legal de la suspensión
La Judicatura señaló que existen elementos suficientes para suspender en sus funciones al juez, según establece el Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria.
El Consejo de la Judicatura puede suspender a un juez, siempre que existan indicios de infracciones graves o gravísimas.
“La adopción de la medida preventiva de suspensión temporal busca que se desarrolle una investigación imparcial y exhaustiva sin que el funcionario acusado pueda influir en el proceso o en la víctima, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes”, indicó el Consejo de la Judicatura.
Esta suspensión se enmarca en la protección de los derechos de los servidores judiciales, la erradicación de todo tipo de violencia en el entorno laboral y el respeto irrestricto a los principios de ética y probidad en la administración de justicia, señaló el CJ.