La propuesta del presidente Daniel Noboa para reducir drásticamente el número de integrantes de la Asamblea Nacional llegó el 14 de agosto a la Corte Constitucional (CC) como parte de las preguntas del referéndum y consulta popular que busca realizar a finales de 2025.
Actualmente, el Legislativo está conformado por 151 asambleístas: 15 nacionales; dos por provincia y uno más por cada 200 000 habitantes o fracción que supere los 150 000, además de seis representantes de las circunscripciones del exterior.
La pregunta plantea cambiar esta fórmula por 10 nacionales, uno por provincia y uno adicional por cada 400 000 habitantes, lo que dejaría una Asamblea de alrededor de 71 legisladores.
El Ejecutivo defiende el cambio por el ahorro en remuneraciones y gastos asociados, que calcula en más de 8,6 millones de dólares al año, solo en sueldos.
Hernán Acevedo, docente de la Escuela de Derecho de la UIDE, explica que antes de llegar a las urnas, la Corte debe hacer un control previo para determinar si la propuesta cumple con los requisitos legales y constitucionales.
Este análisis incluye verificar que la reducción pueda tramitarse vía enmienda, que no afecte principios como la democracia o el régimen representativo, y que la pregunta sea objetiva, sin ambigüedades y referida a un solo tema.
También señala que en 2022 la Corte aprobó una propuesta similar, lo que aumenta las probabilidades de que la nueva pregunta reciba luz verde.
Cristina Pazmiño, abogada constitucionalista, recuerda que en los dictámenes 10-19-RC/20 y 4-22-RC/22, la Corte determinó que la reducción de asambleístas podía tramitarse mediante enmienda.
Añade que los precedentes generan seguridad jurídica y que para cambiar de criterio sería necesaria una motivación suficiente, algo que no ve probable dadas las circunstancias actuales.
El procedimiento legal si gana el “sí”
De aprobarse la reducción en el referéndum, Acevedo señala que los resultados se publicarán en el Registro Oficial y la Asamblea tendrá un año para reformar la legislación secundaria, en especial el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para adaptarlos al nuevo número de asambleístas.
El cambio regiría desde la siguiente elección legislativa, incluso si es anticipada.
Pazmiño coincide en que el CNE deberá oficializar los resultados y luego reformar la normativa electoral para ajustar el número y la distribución de escaños. Precisa que la implementación sería gradual y que no afectará el periodo actual de los legisladores.
Riesgos y efectos sobre la representatividad
Para Acevedo, una reducción tan drástica podría disminuir la representación de provincias pequeñas, comunidades indígenas y sectores minoritarios, favoreciendo a las grandes urbes y a los partidos mayoritarios. También advierte que podría facilitar que el Ejecutivo concentre más poder al ser más sencillo obtener mayorías.
Pazmiño añade que la concentración de poder en pocos partidos podría reducir la pluralidad del debate parlamentario, aunque también podría facilitar acuerdos.
Sin embargo, considera que la medida no resuelve el problema de fondo, que es la calidad de los asambleístas y la consolidación de un verdadero sistema de partidos.
Implicaciones políticas y correlación de fuerzas
Alberto Feijoo, sociólogo y politólogo, considera que la medida afectaría la representatividad en un país ya centralizado. Cree que podría dar mayor gobernabilidad al Ejecutivo, pero debilitando al Legislativo hasta convertirlo en un órgano casi formal, con menor capacidad para legislar y fiscalizar.
A su criterio, la reducción de escaños podría llevar a un esquema cercano al bipartidismo, algo que solo funciona en contextos políticos maduros y estables, lo que no ocurre en Ecuador.
La respuesta ciudadana y la coyuntura política
Feijoo sostiene que el rechazo a una propuesta similar en 2023 no garantiza el mismo resultado ahora. Considera que el contexto de inseguridad podría favorecer el “sí”, ya que el gobierno presenta a la Asamblea como una institución desgastada.
Sin embargo, si las medidas del Ejecutivo no muestran resultados concretos en la vida diaria, advierte que la ciudadanía podría volver a rechazar la iniciativa.
En lo jurídico, los expertos coinciden en que la pregunta tiene altas probabilidades de superar el filtro de la Corte por los precedentes favorables. En lo político, alertan que la reducción de asambleístas podría alterar el equilibrio democrático, concentrar poder en el Ejecutivo y disminuir la pluralidad en la representación legislativa.