El excandidato presidencial Yaku Pérez acudió este martes 26 de agosto de 2025 a la Fiscalía General del Estado para presentar una por el proyecto Loma Larga en Azuay.
La entrega de la licencia ambiental, aprobada en junio de este año, es el eje de la acusación que también involucra supuestos actos de tráfico de influencias y cohecho.
El dirigente presentó el caso en representación de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), que además anunció manifestaciones contra el Gobierno para exigir la revocatoria de la licencia.
Señalamientos y pedido de investigación
A criterio de Pérez, la licencia ambiental habría sido entregada mediante un proceso irregular en el que influyeron aportes económicos y acercamientos con autoridades del Ejecutivo.
Por ello, solicitó que la Fiscalía requiera información al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Compañías y a la Presidencia de la República. También pidió revisar los fondos del proyecto social de Valbonesi, denominado ANA, para determinar la procedencia de los recursos.
El excandidato insistió en que la concesión ambiental se obtuvo “con fraude, donando e incidiendo de manera dolosa”. Aseguró que se trata de un caso urgente que debe tramitarse de inmediato, pues afecta directamente a las comunidades campesinas de la provincia del Azuay.
La acción judicial, según detalló Pérez, se fundamenta en supuestas reuniones que habrían mantenido el presidente, Daniel Noboa, y de la canciller Gabriela Sommerfeld con representantes de la minera en Toronto, Canadá. Además, Pérez aseguró que Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la compañía antes de que se concretara el permiso ambiental.
Contexto del proyecto minero
Loma Larga es un proyecto subterráneo que impulsa desde 2021 con el objetivo de explotar y procesar recursos en la zona. La compañía lo califica como un emprendimiento de alta calidad y mantiene estudios para garantizar el suministro de energía requerido para su operación, estimado en 11 megavatios.
La entrega de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente se realizó el 23 de junio de 2025. Sin embargo, el inicio de las actividades está suspendido. El 6 de agosto, la ministra Inés Manzano ofició a la empresa la obligación de difundir el Plan de Manejo Ambiental correspondiente a las fases de explotación y beneficio. Aunque no se fijó un plazo, la firma indicó que el proceso podría tardar alrededor de un mes.
Reacciones y tensiones locales
El proyecto minero ha intensificado las disputas en Azuay. Organizaciones campesinas y colectivos ciudadanos mantienen su rechazo a la explotación y han convocado a un levantamiento provincial.El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, también se ha manifestado en contra de la operación, mientras que el Ejecutivo ha defendido la legalidad del proceso.