La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanzó este viernes 6 de febrero de 2026 en la sustanciación del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, con la comparecencia del juez anticorrupción Carlos Serrano, cuya intervención se dio de forma virtual y tras varios hechos previos que marcaron la expectativa política y judicial del proceso.
Comparecencia inicialmente prevista y posterior aplazamiento
La versión del juez Serrano estaba prevista para una sesión anterior de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, no se concretó. La asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político, señaló que el magistrado no acudió debido a que su vida se encontraba en riesgo.
Posteriormente, Serrano solicitó comparecer en modalidad virtual. El pedido fue autorizado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN).
Un inicio marcado por desacuerdos en la Comisión de Fiscalizacíon
La reinstalación de la sesión se abrió con un reclamo del presidente de la mesa legislativa. Ferdinan Álvarez cuestionó que, ante la prensa, se haya señalado que en la jornada anterior no se permitió escuchar los testimonios de los abogados Milton Castillo y Washington Andrade.
“Yo no soy burla de nadie”, dijo Álvarez, al insistir en que primero se debía escuchar a los juristas pendientes, pese a que legisladores del correísmo pidieron que se priorice la versión del juez Serrano, quien ya se encontraba conectado de forma virtual.
Ante la negativa inicial, el asambleísta Raúl Chávez ofreció disculpas por expresiones de un integrante de su bancada y solicitó que se dé paso a la comparecencia del juez anticorrupción.
Argumentó que, incluso conectado de manera virtual, Serrano seguía expuesto, ya que organizaciones delictivas podrían rastrear su dirección IP y ubicar su paradero.
La cronología expuesta por el juez anticorrupción
Carlos Serrano inició su comparecencia aclarando que no podía detallar ciertos aspectos de su caso, debido a que forma parte de una investigación en curso de la Fiscalía. Aun así, expuso una cronología de los hechos desde su llegada a la Unidad Anticorrupción hasta su situación actual, que describió como un exilio forzado.
Relató que, tras concluir la audiencia del caso Euro 2024, el 13 de octubre de 2025, comenzaron una serie de episodios que elevaban el nivel de riesgo, entre ellos la colocación de un coche bomba a pocos metros de las oficinas de los jueces anticorrupción.
Indicó que, semanas después, recibió una llamada del entonces director de la Judicatura, Henry Gaibor, en la que le pidió que ponga “especial atención” a la defensa del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos.
Fallo judicial y retiro de seguridad
Serrano señaló que, pese a esos hechos, junto con el juez Christian Fierro se pronunciaron a favor de condenar a todos los procesados, incluido Srdan.
Posteriormente, el Ministerio del Interior, a través de la Dinpro, le notificó el retiro de la seguridad policial. Según su testimonio, esa decisión se tomó pese a que un informe de riesgo reciente advertía que el peligro en su contra había aumentado en un 2% respecto de una evaluación previa.
“Ese momento, me dio mucha pena y me sentí totalmente desprotegido. Mi vida entraba en peligro y medité por qué me está pasando esto”, relató Serrano ante los legisladores.
Añadió que la falta de seguridad afectó su vida cotidiana y su labor como juez, ya que debía movilizarse en taxi y resolver aspectos básicos en un contexto de amenazas. Señaló que insistió ante Gaibor y ante el propio Godoy para que se restituya la protección, pero aseguró que no recibió respuesta.
Renuncia pendiente y cuestionamientos públicos
El magistrado indicó que presentó su renuncia en diciembre de 2025. Sin embargo, hasta el momento de su comparecencia, el pleno del Consejo de la Judicatura no la ha aceptado.
También se refirió a la comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea, realizada el 5 de enero de 2026. Según Serrano, en esa intervención, Godoy no lo respaldó ni garantizó su seguridad, sino que puso en duda su versión e insinuó que el juez se habría alineado con una corriente política para generar una crisis en la Judicatura.