El 2 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció en Quito que aplicará un toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, del 15 al 30 de marzo, en horario de 23:00 a 05:00. El anuncio se realizó durante la ceremonia por los 88 años de profesionalización de la Policía Nacional.
El pedido del ministro del Interior sobre el toque de queda en Ecuador
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el horario y pidió a la ciudadanía permanecer en sus hogares. Hasta la mañana del 3 de marzo de 2026, el Ejecutivo no había publicado el decreto que formaliza la restricción.
Las cuatro provincias ya están bajo estado de excepción renovado el 28 de febrero de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 311, que se sustenta en informes de inteligencia policial y militar sobre grave conmoción interna.
El contexto jurídico y operativo previo al anuncio
El 28 de febrero de 2026, el presidente Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 311, que renovó el estado de excepción en nueve provincias y tres cantones. Entre esas provincias constan Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El decreto se apoya en el Informe Reservado de Inteligencia No. STIE-DOAIE-SD_IE-26-002 y en el Informe No. PN-SCG-CEO-2026-066-INF de la Policía Nacional. Este último señala que entre el 19 de enero y el 14 de febrero de 2026 los territorios en estado de excepción concentraron el 84,80% de la delincuencia nacional y el 91,8% de las muertes violentas.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertó sobre un escenario de violencia más compleja y adaptativa en los territorios priorizados. El toque de queda anunciado el 2 de marzo se superpone a este régimen excepcional ya vigente.
Guayas el mayor volumen absoluto y territorio fragmentado
Guayas reportó 331 homicidios en enero de 2026 frente a 401 en enero de 2025. La variación absoluta es de -70 casos y la relativa de -17,5%. A pesar de la reducción interanual, mantiene el mayor número absoluto de víctimas en el país.
En contraste, Pichincha registró 29 homicidios en enero de 2026.
La diferencia en volumen sigue siendo amplia. Guayas registra 302 homicidios más que Pichincha en enero de 2026. En Guayas, el 94,26% de los casos se cometió con arma de fuego y el 98,79% se vincula a delincuencia común. En Pichincha, el 65,52% se cometió con arma de fuego y el 82,76% corresponde a delincuencia común.
Los Ríos con un aumento interanual y disputa directa
Los Ríos reportó 95 homicidios en enero de 2026 frente a 80 en enero de 2025. La variación es de 15 casos, equivalente a 18,8%.
El 90,53% de los homicidios se cometió con arma de fuego y el 92,63% de las víctimas fueron hombres. El 98,95% de los casos se clasifica como delincuencia común.
Los informes citados en el Decreto 311 identifican a Los Ríos como escenario de disputa frontal entre Choneros y Lobos. La provincia ocupa una posición estratégica en rutas internas de traslado hacia puertos.
El Oro y crecimiento porcentual más alto
El Oro registró 87 homicidios en enero de 2026 frente a 65 en enero de 2025. La variación absoluta es de 22 casos y la relativa de 33,8%.
El 85,06% de los homicidios se cometió con arma de fuego y el 94,25% de las víctimas fueron hombres. El 97,7% de los casos corresponde a delincuencia común.
Según el Decreto 311, en El Oro operan Choneros, Lobos y Lagartos. El documento menciona la instalación de bodegas de armamento en esa provincia y la disputa por control territorial.
Santo Domingo de los Tsáchilas: menor volumen, presencia de facciones
Santo Domingo de los Tsáchilas registró 8 homicidios en enero de 2026 frente a 6 en enero de 2025. La variación es de 2 casos, equivalente a 33,3%.
En términos absolutos, es la provincia con menor número de homicidios entre las cuatro bajo toque de queda. El 87,5% de los casos se cometió con arma de fuego y el 87,5% de las víctimas fueron hombres.
Los informes oficiales citan presencia de Choneros, Lobos y Tiguerones. Se describe fragmentación de facciones y actividades como extorsión, secuestro y control de centros de acopio.
Peso conjunto en el total nacional
En enero de 2026, Ecuador registró 747 homicidios, frente a 800 en enero de 2025. La variación nacional es de -53 casos, equivalente a -6,6%.
Las cuatro provincias bajo toque de queda suman 521 homicidios en enero de 2026. Eso representa el 69,7% del total nacional.
En enero de 2025, las mismas provincias concentraron 552 homicidios, equivalentes al 69% del total de ese mes.
Cooperación en seguridad con Estados Unidos
El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general de la Marina Francis L. Donovan, visitó Ecuador el 2 de marzo y se reunió en Quito con el presidente Daniel Noboa y autoridades de defensa para abordar la cooperación en seguridad y el combate al narcotráfico.
Durante la visita también participaron el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo Rendón, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado Salvador. En los encuentros analizaron la colaboración bilateral para enfrentar amenazas como el narcotráfico y otras estructuras criminales que operan en la región.
Donovan señaló que Ecuador es uno de los socios más importantes de Estados Unidos en las acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y destacó que la cooperación entre aliados resulta clave para enfrentar estas amenazas en el hemisferio.
Corredor logístico y ubicación estratégica
Guayas y El Oro concentran puertos marítimos estratégicos. Los Ríos y Santo Domingo conectan rutas internas hacia la Costa y la Sierra.
El Ejecutivo ha señalado que marzo será un mes de operaciones conjuntas con países aliados, incluido Estados Unidos. El presidente Noboa indicó que se actuará con fuerza contra las mafias.
La focalización del toque de queda coincide con territorios donde confluyen disputas por control de rutas, puertos y economías ilegales, según los informes oficiales que sustentan el estado de excepción.
Marco legal pendiente
El toque de queda requiere decreto ejecutivo específico que detalle alcance y condiciones. Hasta la mañana del 3 de marzo de 2026, ese instrumento no se ha publicado.
El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal establece sanciones de uno a tres años de prisión para quien incumpla órdenes legítimas de autoridad.
El anuncio del 2 de marzo se produce en un contexto de reducción nacional interanual en enero, pero con incrementos porcentuales en dos de las cuatro provincias que estarán bajo restricción nocturna.