El exministro de Energía, Antonio Goncalves, y el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, recibieron prisión preventiva por orden del juez nacional Marco Rodríguez. Esta decisión se relaciona con la investigación del denominado caso Apagón o caso Progen, que involucra presuntas irregularidades en contratos para centrales termoeléctricas adjudicados durante la crisis energética que atravesó Ecuador.
Detalles de la decisión judicial
La resolución judicial se conoció el 22 de mayo de 2026, durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía General del Estado. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó prisión preventiva para 21 procesados.
Origen del caso Progen
El caso Progen surgió a partir de contratos firmados entre Celec y la empresa estadounidense Progen Industries LLC, por un monto de USD 149,1 millones. Estos fondos estaban destinados a la adquisición de generadores eléctricos de emergencia para enfrentar los apagones y la crisis energética nacional.
Irregularidades en los contratos
Según la investigación de la Fiscalía, el Estado ecuatoriano desembolsó más de USD 100 millones, lo que representa cerca del 70 % del valor total de los contratos. Sin embargo, los equipos entregados para las centrales termoeléctricas de Salitral y Quevedo habrían sido antiguos, obsoletos y repintados. Esto contrasta con lo estipulado en los contratos que exigían maquinaria nueva de fábrica.
La Fiscalía sostiene que se omitieron procedimientos de contratación pública y que los contratos fueron adjudicados a pesar de presuntos incumplimientos técnicos, económicos y jurídicos. De acuerdo con las indagaciones, los motores debían estar operativos desde noviembre de 2024, pero nunca habrían entrado en funcionamiento. Esto generó un presunto perjuicio al Estado superior a USD 104 millones.
Investigación y acusaciones
Dentro del proceso judicial se investiga a más de 20 personas por el presunto delito de peculado. Entre ellas se encuentran exautoridades, gerentes y técnicos de Celec. La Fiscalía acusa a los involucrados como presuntos autores y coautores del supuesto desvío de recursos públicos.
Durante la audiencia, el juez Rodríguez aseguró que existían elementos suficientes para presumir la participación tanto de Goncalves como de Calero en el caso. En ambos escenarios, argumentó la existencia de riesgos procesales, como peligro de fuga y posible obstaculización de la investigación.