El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la salud en su Constitución. Sin embargo, actualmente hay pacientes renales que deben recorrer horas para dializarse. También compran sus propios insumos y medicamentos o eligen a cuál de sus sesiones mensuales faltar porque no tienen dinero para los pasajes.
Hasta julio de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP) adeudaba 206,6 millones de dólares a las clínicas privadas de diálisis con las que tiene convenio. El IESS sumaba otros 44,6 millones a agosto de 2025. Ninguna de las dos instituciones publicó estas cifras. Las obtuvo el asambleísta Franklin Samaniego mediante una solicitud formal de información.
Desde entonces han pasado casi 10 meses. El MSP no actualiza sus datos públicos. El último boletín de salud renal de Ecuador disponible en su página web corresponde al gobierno anterior y tiene corte a mayo de 2022.
Esa opacidad no es un detalle administrativo. Sin datos actualizados, no hay forma de saber cuántos pacientes están siendo rechazados por las clínicas, cuántos reciben sesiones incompletas ni cuántos han muerto. El MSP heredó una deuda grave. Pero la agrava con la falta de transparencia sobre la situación real de los pacientes renales existentes y nuevos.
Detrás de las cifras hay un problema estructural que ningún boletín resuelve. El MSP depende del Ministerio de Finanzas para pagar a las dializadoras. Sin esas transferencias, no puede cancelar las deudas aunque los servicios lleven años prestados. Es decir, el sistema de salud universal prometido no tiene presupuesto fijo para uno de sus servicios más críticos.
Las clínicas están atrapadas entre la obligación contractual de atender y la quiebra. Por eso recortan sesiones, suspenden servicios médicos y exigen a los pacientes que lleven sus propios insumos y medicamentos. Cuatro centros han cerrado desde 2023.
A esto se suma una tercera falla que agrava el panorama. El trasplante renal es la solución definitiva para la mayoría de estos pacientes, sin embargo, Ecuador realizó 182 trasplantes en 2023, cayó a 142 en 2025 y registró apenas 31 entre enero y abril de 2026. El país tiene la tasa de crecimiento de trasplantes más baja de la región, según Darío Jiménez, de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología.
Sin más centros habilitados, sin un programa robusto del Indot y sin una política real de donación de órganos, la lista de espera seguirá creciendo más rápido que las soluciones.
Lo que enfrenta Ecuador no es una crisis puntual de gestión. Es la consecuencia de prometer salud universal sin financiarla a largo plazo, acumular deuda sin transparentarla y no dar mayor atención a la única salida permanente al problema.
Las acciones necesarias son concretas: presupuesto fijo para diálisis, datos públicos actualizados y una política de trasplantes acorde con la demanda. Mientras eso no ocurra, el silencio del MSP seguirá siendo, para los pacientes renales actuales y nuevos, una condena.