El presidente Daniel Noboa firmó este viernes 22 de mayo de 2026 el Decreto Ejecutivo 392, una normativa que reforma el esquema de control fiscal para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En el documento, que se basa en las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece nuevas disposiciones sobre manejo presupuestario, gasto corriente e inversión pública en municipios y prefecturas
Nuevas reglas fiscales para municipios y prefecturas, según Decreto de Daniel Noboa
El decreto plantea mecanismos de sostenibilidad financiera para municipios y prefecturas, alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas fiscales del Estado.
Entre los principales cambios se encuentra la implementación de una “regla de asignación mínima prioritaria”.
A través de esta regla, los gobiernos locales deberán destinar un porcentaje específico de sus recursos a gasto no permanente e inversión pública.
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Prioridades en los presupuestos de los GAD
La normativa también dispone que los presupuestos de los GAD deben priorizar proyectos de inversión y reducir el peso del gasto corriente dentro de sus finanzas institucionales.
El control y seguimiento del cumplimiento de estas reglas estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que verificará periódicamente la información financiera presentada por los gobiernos locales mediante sistemas oficiales.
Reportes técnicos y consecuencias del incumplimiento
Además, los municipios y prefecturas deberán remitir reportes técnicos y presupuestarios estandarizados para evaluar el cumplimiento de las metas fiscales establecidas en el decreto.
El documento establece que el incumplimiento de las obligaciones de reporte o de las metas fiscales por más de un trimestre podrá derivar en la declaratoria de incumplimiento definitivo por parte de las autoridades competentes.
Recursos petroleros y metas fiscales futuras
Otro punto incluido en la normativa señala que los recursos provenientes de utilidades petroleras no ejecutados podrán retornar al Presupuesto General del Estado.
Para el año 2026, el decreto fija un régimen excepcional de evaluación fiscal.
Durante ese período, los gobiernos locales deberán alcanzar una meta mínima de ejecución presupuestaria del 65%, entre junio y noviembre.
Aumento gradual de las metas fiscales
La normativa añade que, desde 2027, las metas fiscales aumentarán al 68%.
Esto obligará a prefecturas y municipios a realizar reformas y ajustes presupuestarios para cumplir con los nuevos parámetros establecidos por el Ejecutivo.