El debate sobre el uso de celulares en los biombos de votación durante la segunda vuelta electoral ha escalado a instancias constitucionales. Este lunes 17 de marzo de 2025, el abogado Washington Andrade presentó una demanda por inconstitucionalidad contra la medida adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que vulnera derechos fundamentales.Desde la perspectiva de Andrade, la decisión del CNE transgrede principios constitucionales relacionados con el derecho al voto. Acompañado de otros ciudadanos y en calidad de coordinador de la Asamblea Permanente por la Defensa del Patrimonio Nacional, expuso que esta prohibición atenta contra la integridad del proceso electoral y la libertad de los votantes.
Cuestionamientos legales a la prohibición
Uno de los principales argumentos de Andrade radica en la supuesta afectación al secreto del voto. Explicó que el acto de sufragar debe ser integral y no restringido por normativas que podrían vulnerar derechos ciudadanos.
Además, enfatizó que los grupos con voto facultativo, como adolescentes entre 16 y 17 años y adultos mayores, podrían verse especialmente perjudicados por la medida.
También, se refirió a las implicaciones legales que esta restricción podría generar. Enfatizó que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, debería considerar los posibles efectos jurídicos y sanciones que podrían derivarse de impedir que ciertos grupos poblacionales usen sus dispositivos en los recintos electorales.
Postura del CNE y reclamos presentados
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, sostuvo que la decisión de prohibir los celulares se basó en un informe de inteligencia de la Policía Nacional. Según la funcionaria, este documento contenía información sobre posibles amenazas e irregularidades detectadas en provincias como Guayas y Los Ríos.
Mientras tanto, varias organizaciones han cuestionado la resolución. La alianza Revolución Ciudadana-Reto presentó un recurso de impugnación ante el CNE, argumentando que la decisión afecta la transparencia electoral.
Además, un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha generado expectativas sobre una posible revisión de la medida.